PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Artículo 1º: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que informe en el plazo de veinte (20) días de recibida la presente, sobre los puntos que a continuación se mencionan, en relación con la aplicación de la ley 2634 y otras cuestiones conexas:
- Monto recaudado en función de lo determinado por el artículo 6º de la ley 2634, discriminando lo correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. En el caso del ejercicio 2010, estimar además lo que se recaudará a lo largo de todo el año.
- Cantidad de permisos otorgados de acuerdo a lo establecido por el artículo 7º de la ley 2634, discriminando lo correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.
- Monto recaudado de acuerdo a las sanciones previstas en el artículo 11º de la ley 2634, discriminando lo correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.
- Monto ejecutado con motivo de la realización de las obras de cierre de las aperturas y roturas de la vía pública realizadas por las empresas, discriminando lo correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2010. En el caso del ejercicio 2010, estimar además lo que se ejecutará a lo largo de todo el año.
Art. 2º: Comuníquese, etc.
FUNDAMENTOS
Sr. Vicepresidente:
Uno de los cambios propuestos por la administración de Mauricio Macri desde el inicio de su mandato fue referido a la gestión del arreglo de los baches producidos por empresas de servicios públicos. El cambio, concretado a través de la aprobación de la ley 2634, consistió en que a partir de la puesta en vigencia de la ley los cierres correspondientes a las aperturas y roturas de la vía pública serían efectuados por el Gobierno de la Ciudad, debiendo corresponder a las empresas el pago de dichos arreglos.
Con el sistema anterior, correspondía a las empresas la tarea de reparación y al Gobierno el control posterior de la obra.
La ley es clara respecto del cambio de esquema: las empresas deben abonar “un monto equivalente al costo de las tareas de reposición de aperturas y roturas en la vía pública, incluyendo materiales y mano de obra, además de un arancel por gastos fijos y administrativos fijados a tal fin.”
Es necesario, en función del tiempo transcurrido, contar con información que permita hacer un análisis en profundidad de la implementación de la ley, y controlar que efectivamente el costo de la reparación de los baches no haya sido trasladado de las empresas al Estado. En este sentido, nos producen cierta preocupación las palabras del Ministro de Ambiente y Espacio Público, quien afirmó en una nota publicada por el diario La Nación del lunes 26 de abril de 2010 que “tenemos unas 2000 roturas por mes por parte de estas empresas, de las cuales no llegamos a reparar todas hoy por hoy”, y el motivo sería que “el Ministerio tiene 367 millones menos para gastar en 2010, por lo que estamos haciendo todos los esfuerzos para cumplir con los objetivos de los últimos años, pero se nota mucho la baja presupuestaria”.
